DESAFÍO EN MÉXICO FRENTE AL PROCESO ELECTORAL MÁS GRANDE DE SU HISTORIA
México se enfrenta a uno de los momentos más relevantes y complejos en su historia democrática. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2024, más de 100 millones de personas están inscritas en el padrón electoral, lo que anticipa la posibilidad de contar con la mayor participación ciudadana jamás registrada. Esta cifra no solo es significativa por su magnitud, sino también por lo que representa en términos de participación y compromiso ciudadano en un contexto marcado por divisiones sociales, desconfianza institucional y un clima político polarizado.
El proceso electoral del 2 de junio de 2024 es visto como un hito democrático, pero también como un desafío mayúsculo para el país. A medida que la fecha se aproxima, diversas tensiones sociales y políticas han salido a la luz, poniendo en evidencia las disparidades socioeconómicas, el descontento con el gobierno actual y las críticas hacia las instituciones encargadas de supervisar el proceso electoral. En este boletín, exploraremos dos temas principales que destacan en el panorama electoral: la división social y desconfianza institucional, y los riesgos inherentes al periodo post-electoral.
División Social y Desconfianza Institucional
La división social en México no es un fenómeno reciente, pero en este proceso electoral ha cobrado una relevancia especial. Las disparidades socioeconómicas, que históricamente han generado tensiones en el país, parecen haberse intensificado debido a varios factores contemporáneos, como la crisis energética, la falta de suministro de servicios básicos y el conflicto entre diferentes grupos sociales y políticos. Estos problemas han derivado en un entorno polarizado, donde el descontento social hacia el gobierno se manifiesta de manera clara y contundente.
A esta división social se suma una creciente desconfianza hacia las instituciones electorales, en particular hacia el INE y los órganos locales encargados de organizar las elecciones. Durante los últimos años, el INE ha sido objeto de críticas y señalamientos de presunta parcialidad y corrupción. Estas acusaciones han sido promovidas, en parte, por el gobierno federal, que ha impulsado reformas que afectan la estructura y funcionamiento del INE, generando preocupación sobre la independencia y transparencia del proceso electoral.
La percepción de falta de imparcialidad en el INE y otras instancias electorales no solo debilita la credibilidad del proceso electoral, sino que también aumenta la posibilidad de que el resultado de las elecciones sea cuestionado. En este contexto, es preocupante observar que la polarización política se ha visto exacerbada por discursos cargados de retórica divisiva. Este clima de tensión, alimentado por la propagación de desinformación y noticias falsas en redes sociales y medios de comunicación, distorsiona la percepción de la realidad, contribuyendo a una narrativa que socava la legitimidad e imparcialidad del proceso democrático.
En Chihuahua, este clima de desconfianza y polarización se ha hecho presente en distintos niveles. Las tensiones locales reflejan las preocupaciones nacionales, y la población observa con escepticismo el proceso electoral, mientras se cuestiona si sus intereses serán realmente representados o si las instituciones actúan bajo intereses particulares. La situación en Chihuahua es un espejo de los desafíos que enfrenta todo el país, y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los lazos entre la sociedad civil y las instituciones democráticas.
Desafíos del Periodo Post-electoral
Si bien el proceso electoral en sí mismo representa un gran reto, el periodo post-electoral podría ser igual o incluso más complejo. Una vez emitidos los resultados, el riesgo de que estos sean disputados o cuestionados por actores políticos es elevado, especialmente si la diferencia de votos entre candidatos es mínima. En un contexto tan polarizado, cualquier señal de irregularidad o percepción de favoritismo podría desencadenar una serie de protestas y disturbios.
La experiencia histórica en México muestra que cuando los resultados no son aceptados por ciertos sectores, el ambiente se torna propicio para movilizaciones sociales que, en algunos casos, derivan en enfrentamientos violentos. Esta situación genera un clima de incertidumbre y tensión que no solo afecta la estabilidad política, sino también el tejido social. La posibilidad de disturbios y manifestaciones en las semanas y meses posteriores a las elecciones representa un riesgo real para la paz social, especialmente si consideramos la magnitud del proceso electoral de 2024.
Otro factor a considerar es el papel de las redes sociales y los medios de comunicación en la difusión de información (y desinformación) durante el periodo post-electoral. La rapidez con la que circula la información en plataformas digitales amplifica las reacciones y emociones del público, lo que puede llevar a una percepción errónea o exagerada de ciertos eventos. Esto, a su vez, puede influir en la respuesta de la ciudadanía y en la actitud de los partidos políticos, aumentando las posibilidades de que surjan conflictos y confrontaciones.
En este contexto, es fundamental que el INE y otras instancias electorales establezcan medidas claras y transparentes para garantizar la legitimidad de los resultados. La rendición de cuentas y la comunicación oportuna y transparente serán esenciales para evitar conflictos y mantener la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático. En el caso de Chihuahua, una región que ha experimentado movilizaciones sociales importantes en el pasado, es especialmente importante que las autoridades locales trabajen en coordinación con el INE para prevenir tensiones y fomentar un ambiente de paz y respeto a los resultados.
Reflexiones Finales
El proceso electoral de 2024 representa tanto una oportunidad como un desafío para México. En términos de participación ciudadana, es una ocasión histórica para que millones de mexicanos expresen sus opiniones y contribuyan a definir el rumbo del país. Sin embargo, los desafíos que plantea este proceso son profundos y complejos. La polarización social, la desconfianza hacia las instituciones y el riesgo de conflictos post-electorales son elementos que ponen a prueba la madurez de la democracia mexicana.
Para superar estos retos, es crucial que tanto el gobierno como la sociedad civil trabajen en conjunto para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y promover un ambiente de respeto y civilidad. La democracia no se trata solo de emitir un voto, sino de construir un sistema en el que todas las voces sean escuchadas y respetadas. La responsabilidad de mantener la paz y estabilidad del país recae tanto en los actores políticos como en cada ciudadano.
Finalmente, el desafío de México en el proceso electoral más grande de su historia no es solo una cuestión de organización o logística. Se trata de una prueba para la democracia, una oportunidad para demostrar que el país puede manejar sus diferencias de manera pacífica y respetuosa, y una lección de la importancia de la unidad en tiempos de cambio. La sociedad mexicana tiene la oportunidad de demostrar que, a pesar de las diferencias, es capaz de enfrentar este desafío y salir fortalecida en su compromiso con la democracia y el bienestar común.